INJUSTICIA PASIVA
"La
injusticia pasiva es quizás la peor de las injusticias porque a la injusticia
de un delito le sigue la injusticia pasiva de una autoridad que no actúa y no
atiende con atingencia a las víctimas, así como la indiferencia civil y la
apatía gubernamental, que ve asuntos o expedientes y deja de ver a seres
humanos con dolor que claman justicia (Gómez Trejo, 2012)".
La frase no es mía. Aparece en un
artículo escrito por una buena amiga, Julia Monarrez, socióloga mexicana,
profesora investigadora de El Colegio de la Frontera Norte de Ciudad Juárez;
perito en el juicio que tuvo lugar en la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el llamado caso del Campo Algodonero, que en noviembre de 2009
condenó al Estado mexicano por el asesinato de ocho mujeres en Ciudad Juárez.
Comprometida en lo personal y en lo académico en la lucha contra la
erradicación de esta lacra social y el acceso a la justicia de las mujeres en
la región mesoamericana.
La elegí para leerla en este acto,
porque no he encontrado otra que refleja con tanta claridad el sentimiento de
impotencia e inseguridad en la que viven los familiares de las víctimas y las
mujeres de los estados mexicanos y centroamericanos, en este ya largo período
continuo e ilimitado de impunidad, en e que los que no se sanciona a los
culpables ni se otorga justicia a las víctimas.
En Ciudad Juárez desaparecen mujeres
y no se vuelve a saber más de ellas, a menos que sus raptores decidan hacer
aparecer sus cuerpos sin vida.
Las víctimas, -mujeres jóvenes y de
origen humilde, en su mayoría-, son raptadas, mantenidas en cautiverio y
sujetas a una feroz violencia sexual antes de ser asesinadas y dejadas en lotes
abandonados.
En algunos casos, sus restos son
hallados por transeúntes al cabo de unos días, o años después.
En otras ocasiones las mujeres nunca
son encontradas y sus familiares tienen que vivir con la angustia permanente de
desconocer su destino o paradero.
La
mayoría de estos crímenes resultan impunes. A las mujeres desaparecidas nadie
las busca y los asesinatos y
desapariciones continúan, ante pasividad de autoridades y
gobernantes, que no demuestran voluntad de investigar, sancionar y erradicar
este crimen contra el derecho a la vida de las mujeres.
Ante la pasividad del Estado, los
familiares de las víctimas, las organizaciones civiles de mujeres y las
defensoras de los derechos humanos son las voces que claman justicia y se
enfrentan a unas instituciones de las que desconfían, exigiéndoles que de una
vez por todas se recupere el Estado de derecho, ausente desde hace años, que se
recupere el derecho a la vida en Ciudad Juárez.
Pero contra ellas también se ejerce
la violencia.
En México hay un aumento alarmante de
violencia en contra de las defensoras de derechos humanos. Una violencia
invisibilizada y disminuida en su gravedad, características y consecuencias en
el contexto generalizado de impunidad, violencia y criminalización de la
protesta social.
En los últimos años, el riesgo y los
ataques contra las defensoras de derechos humanos han aumentado en todo el
país. Particularmente preocupante es su situación en estados como Chihuahua,
Nuevo León, Oaxaca, Chiapas y Guerrero; así como los crecientes y reiterados
ataques de que son objeto de aquellas que denuncian casos de feminicidio,
dirigen y/o trabajan en los centros de refugio para mujeres que sufren violencia, denuncian
violaciones a derechos humanos por parte del ejército, empresas transnacionales
y en ámbitos laborales, defienden la autonomía reproductiva de las mujeres o
apoyan a las familias de personas desaparecidas...etc.
Son amas de casa, maestras,
empresarias, abogadas, periodistas... que por defender los derechos de las
víctimas se han convertido en objeto de hostigamientos, agresiones y amenazas
para las cuales no hay mecanismos integrales de protección.
En el ejercicio de su labor, las
defensoras, al igual que sus pares hombres, se hallan expuestas a la inseguridad, a las políticas
represivas y a la criminalización de su protesta social, y, por si no fuera
suficiente, las violaciones de derechos humanos cometidas en su contra
permanecen en la impunidad.
Son muchas, y su red de
organizaciones se extiende por todo Centroamérica.
Pero hoy, hablamos de Ciudad Juárez,
por lo que el reconocimiento a la labor que todas las defensoras realizan, aún a
costa de su integridad física y su propia vida, las voy a concretar en cuatro
mujeres de esa Ciudad.
MARISELA ESCOBEDO, que falleció
asesinada de un balazo en la cabeza el 16 de diciembre de 2010, en la ciudad de
Chihuahua, frente al Palacio del Gobierno, mientras protestaba por el asesinato
de su hija Rubí ocurrido en 2008.
NORMA ANDRADE, cofundadora de
“Nuestras Hijas de regreso a casa” organización que lucha para detener los
feminicidios en Ciudad Juárez, después de que su hija Lilia de 17 años de edad
fuera asesinada por unos presuntos narcotraficantes. Han atentado contra su
vida en dos ocasiones, en Ciudad Juárez y en México DF, donde vive bajo
protección.
MARISELA ORTIZ, confundadora de
“Nuestras Hijas de regreso a casa”, quien ha sido intimidada, y amenazada de
muerte junto con su familia.
MALU GARCIA ANDRADE, hija de Norma,
amenazada de muerte en varias ocasiones. Ha tenido que salir de Ciudad Juárez
con sus dos hijos y vive en México DF, bajo protección
